Cada año, en México, se reportan 10 mil embarazos en menores de 15 años, los cuales suelen guardar relación con algún tipo de violencia; las cifras, también lo posicionan como el sexto país de América Latina y el Caribe por tasa de embarazos tempranos: 71 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes; dato compartido por Bolivia y superado por Nicaragua (103 nacimientos), Honduras (97 nacimientos), Venezuela (84 nacimientos) y Paraguay (72 nacimientos) (OECD 2023, 118-119). Este fenómeno ha sido analizado por distintas disciplinas con la finalidad de develar sus razones y explicaciones. En el caso de la antropología, la sociología y el trabajo social, las investigaciones coinciden en resaltar la importancia de los contextos socioculturales en el análisis correspondiente, así como las propias historias de las mujeres y niñas desde una dimensión temporal. Por ello, las experiencias vividas se sitúan como el recurso más potente para conocer esos matices del embarazo a temprana edad.
En Yucatán, entidad al sur del territorio mexicano, dos de cada diez mujeres suelen convertirse en madres a temprana edad, superando la media nacional y ubicándose en los primeros lugares en la materia por el número de casos. Este fenómeno se presenta con mayor incidencia en municipios rurales, algunos con fuerte presencia indígena como el cono sur del estado, cuyos niveles de pobreza y marginación han sido puestos en evidencia en más de una investigación. Los embarazos precoces en contextos rurales requieren de análisis profundos que coadyuven a clarificar sus razones, y a proponer rutas hacia la acción. Sobre todo, si consideramos el reciente llamado de alerta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA 2020) advirtiendo que la pandemia por Coronavirus tendrá un impacto importante en el número de embarazos tempranos, medio millón de embarazos adicionales. De ahí, la urgencia de continuar reflexionando al respecto y en la necesidad de idear gestiones pertinentes, específicamente en escenarios de vulnerabilidad histórica, en los cuales las mujeres y las niñas han tenido una posición diferenciada por género.
La agenda de atención social vigente del gobierno estatal en Yucatán, México, contempla trabajar el embarazo temprano a través de diversas acciones para su prevención en adolescentes y erradicación en población infantil, delegándole la coordinación a la Secretaría de las Mujeres de Yucatán (Semujeres). Una de las estrategias impulsadas por esa institución fue el proyecto “Buenas prácticas: estrategia de juventudes en acción para la prevención del embarazo en adolescentes en Yucatán”. La iniciativa tuvo como punto nodal contar con agentes de cambio, jóvenes que trabajaran directamente con población en riesgo, con la finalidad expresa de incidir en el problema. El objetivo del artículo es analizar, a partir de las voces de jóvenes universitarias vinculadas con dicho proyecto, sus experiencias en la tarea de intervenir en el fenómeno del embarazo temprano, mediante réplicas de talleres conceptuales dirigidos a estudiantes de educación secundaria procedentes de contextos rurales. En otros espacios, he analizado ampliamente las configuraciones e implicaciones del embarazo precoz en territorios rurales, sus matices y la evidente deuda del Estado con las poblaciones vulnerables como lo son las niñas y adolescentes (Rubio 2019 y 2022). En este artículo, me interesa mostrar el otro rostro de la problemática: los alcances de una de las estrategias de intervención, desde las voces de quienes fueron agentes activas en la misma, por lo mismo, sitúo la mirada en la población de las jóvenes protagonistas de dicho programa.
Enfatizo que la experiencia fue importante para las jóvenes por los objetivos que les asignaron, además, las hizo conocer, cuestionar y reflexionar sus propias ideas sobre el embarazo temprano, pero, como suele suceder en las intervenciones de tintes institucionales, la estrategia tuvo limitaciones para observar la trascendencia del proyecto en las capacitadoras y en la población de estudiantes a quienes se dirigieron las acciones de intervención. En otras palabras, se desconoció el impacto de la estrategia a mediano y largo plazo en las poblaciones de interés. Propongo que la atención al fenómeno conlleva comprenderlo integralmente, analizarlo desde sus distintas manifestaciones e impulsar herramientas que correspondan a demandas expresas, las cuales, en tiempos de pandemia y post-pandemia, se volvieron impostergables; que se contemple su respectiva retroalimentación y seguimiento a largo plazo. También, reitero lo apremiante de trabajar e intervenir en las múltiples desigualdades sistemáticas vivenciadas en la ruralidad yucateca, específicamente por las mujeres y niñas. El proyecto Buenas Prácticas invita a reflexionar en que un fenómeno complejo como los embarazos tempranos difícilmente puede revertirse sin un cambio profundo en otros niveles de atención, por lo cual, la intervención seguirá teniendo efectos limitados de no trabajarse las causas que lo sustentan. No pretendo demeritar las acciones institucionales, al contrario, parto del reconocimiento de los esfuerzos, y la intención es aportar hacia los retos que deben considerarse al trabajar-intervenir en esta temática.
Este documento emana de un proyecto más amplio, planteado desde una mirada cualitativa cuyo trabajo de campo he venido desarrollando en los últimos tres años; para este artículo me apoyé en la revisión de documentos institucionales, así como en conferencias y talleres en línea ofrecidos por la Semujeres, en el marco de sus actividades de difusión. También efectué un extenso registro hemerográfico de la prensa local para situar el problema, y realicé entrevistas abiertas vía Zoom a cuatro jóvenes participantes en dicho proyecto; ellas son las generadoras de conocimiento desde donde sustento y tejo el argumento central de este documento. Pese a los esfuerzos, no fue posible entrevistar a varones universitarios, por lo general se rehusaban a compartir sus perspectivas. En este sentido, reconozco el sesgo de la investigación, y, justamente, en el tratamiento interdisciplinario, multidimensional y polifónico de este fenómeno es urgente retomar las experiencias de los varones.
Inicio presentando algunos datos que caracterizan a las juventudes a nivel nacional y estatal; posteriormente, expongo algunas consideraciones sobre las nociones de intervención y el proyecto Buenas Prácticas. En otro apartado, sitúo las voces de las jóvenes y finalizo con las conclusiones.
De acuerdo con el último censo nacional del 2020, en México existen más de 31 millones de personas jóvenes entre 15 y 29 años,1 las cuales representan el 24.8% del total poblacional. Ese documento reporta que la edad media para el país es de 29 años (INEGI 2020a). Quintana Roo, en la Península de Yucatán, es el estado con mayor proporción de jóvenes, aunque, por el tiempo que declararon vivir en esa entidad, cinco años atrás, hace pensar que se trata de población migrante de los estados vecinos de Tabasco, Veracruz y Yucatán (Navarrete 2021).
Otros datos de ese censo refieren a la variable étnica, 19 de cada 100 jóvenes se identifican como indígenas, dos de cada 100 como afrodescendientes y el 5.7% habla alguna lengua indígena (Fondo de Población de las Naciones Unidas en México [UNFPA], México 2021). Las juventudes indígenas se concentran en Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Puebla (Navarrete 2021). Diez años atrás, el Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó que la alta presencia de jóvenes en población indígena era indicativa de mayores niveles de fecundidad y de mortalidad, es decir, una transición demográfica menos avanzada (Conapo 2010,19).
En ese rubro de la fecundidad, datos actualizados reportaron, a nivel país, un porcentaje de 15.1 nacimientos registrados de madres menores de 20 años en el año 2020. Esto representa una disminución en comparación con años anteriores, por ejemplo, en 2019 y 2018 se reconocieron 17 y 17.5% de nacimientos registrados por mujeres menores de 20 años (INEGI 2020b). El mismo censo citado revela que el promedio de hijas o hijos nacidos vivos de mujeres de 12 años y más es de 2.1, indicando una disminución porcentual comparada con el promedio de 2.3 hijas o hijos en el 2010, y 2.6 en el año 2000.2 Sin embargo, la fecundidad en el país sigue siendo temprana, por caso, en la encuesta intercensal 2015 se mostró un aumento en 10% de la tasa de fecundidad adolescente, y Chiapas reportó los números más altos con 3 hijas o hijos (INEGI 2015).
El último Censo de Población y Vivienda expuso que Yucatán tiene un total de 2,320,898 habitantes, representando el 1.8% de la población nacional (INEGI 2021a). Es un estado cuya mitad de su gente tiene 30 años o menos, con promedio de 2 hijas o hijos nacidos vivos en mujeres de 12 y más años. Esta media ha ido reduciéndose, como sucede a escala nacional; en el 2000 fue de 2.5 y en el 2010 de 2.2 hijas o hijos nacidos vivos.3
De acuerdo con el documento “Situación de las personas adolescentes y jóvenes de Yucatán”, la mayor parte de sus jóvenes oscilan entre los grupos de 25 a 29 años y 20 a 24 años. Muestra, asimismo, que el 51.3% vive en situación de pobreza y el 25.1% de esa población presenta carencia de acceso a la alimentación. Estos datos sitúan a la entidad por debajo del porcentaje promedio nacional (UNFPA México 2021). En correspondencia con lo que ocurre a nivel nacional, en Yucatán, a mayor edad, menor población continúa con la educación formal y, en ese sentido, la asistencia a la escuela se contrae en la población entre los 15 a 24 años, poniendo en evidencia una limitación en el ejercicio de acceso a la educación en grados medios y superiores. En concreto, el 49.8% de su población tiene escolaridad básica, y un 5.3% carece de escolaridad (INEGI 2021a). Otro dato revela que el 20.9% de las personas jóvenes vive en situación de rezago educativo (UNFPA México 2021).
Respecto al tema de las violencias, 55% de las yucatecas jóvenes reportan haber sido violentadas, justamente este fenómeno se imbrica con el de los embarazos tempranos (UNFPA México 2021). Los resultados de la última Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) expone que en el país más del 70% de las mujeres de 15 años en adelante ha sufrido una situación de violencia a lo largo de su vida, prevaleciendo la psicológica (51.6%), seguida de la sexual (49.7%) (INEGI 2021b). En esa encuesta, Yucatán figura entre las tres entidades con mayor porcentaje de violencia contra las mujeres en el ámbito escolar, también sobresale, en el tercer sitio, el tema de la violencia en la pareja a lo largo de la relación actual o última, junto con los estados de Guerrero e Hidalgo. Si comparamos los datos de la última encuesta de la ENDIREH con los del 2016, encontramos que ha habido un incremento, pues seis años atrás se documentó que el 41.3% de las mujeres mexicanas de 15 años en adelante había experimentado algún tipo de violencia sexual. Los datos generales de entonces develaron que el 66.1 % de esa población de 15 años y más enfrentó algún incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación (INEGI 2017).
La organización internacional Ipas México (2018) documentó cómo la violencia contra las mujeres, en específico la de índole sexual, impacta en términos de probabilidad de embarazos tempranos, y en México cuatro de cada diez mujeres han enfrentado violencia sexual. En este contexto, en una revisión hemerográfica de la prensa local entre los años 2019 y 2020, más de 20 notas indicaron un reconocimiento institucional pleno en el estado de Yucatán respecto al tema de las violencias, específicamente las que viven las niñas y jóvenes. En una entrevista, quien fuera la encargada de la Semujeres mencionó:
El embarazo a temprana edad entre las mujeres yucatecas es un problema muy latente en todo el territorio estatal, y en varios lugares se han detectado auténticos focos rojos […] Es una situación grave a nivel estatal, de tal forma que hemos, estamos (sic) diseñando nuevos programas para poder abatir este problema que afecta a muchas mujeres que ven truncado su desarrollo por un embarazo no deseado. (Montañez Raz 2019)
Como mencioné, uno de los proyectos de intervención en materia fue Buenas Prácticas, obviamente relacionado con las mismas.
La salud sexual y reproductiva de la juventud yucateca es un tema subyacente a las políticas estatales de prevención de los embarazos a temprana edad. Las cifras del Conapo (2014), a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), muestran que la mediana a la primera relación sexual fue de 18.2 años para Yucatán en comparación con los 18 años para la república mexicana; se reporta que el 61.3% de las jóvenes yucatecas entre 15 y 19 años empleó algún método de protección en la primera relación sexual, y, asimismo, que el porcentaje fue de 54.8%. Por su parte, la última Enadid comunica que el 59.9% usó algún método contraceptivo, lo cual indica su mayor empleo (INEGI 2018). Sin embargo, para 2018, Yucatán se posicionó en el noveno lugar de los estados con mayor porcentaje de mujeres insatisfechas sobre el acceso a métodos anticonceptivos. En ese mismo año, se dio a conocer que de las 32 entidades del país, Yucatán ocupó el último sitio respecto al porcentaje de estudiantes matriculadas y matriculados habiendo recibido educación integral en sexualidad, es decir, el 81.6% reveló no haber recibido información integral en sexualidad (GEPEA 2021).
En el informe 2021 del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) se comunica que, en Yucatán, el 8.6% de las niñas y adolescentes entre 12 y 19 años ha experimentado un embarazo por lo menos una vez. En específico el 49.7% de esa población con vida sexual activa ha estado embarazada en algún momento. Asimismo, para el año 2020, en dicha entidad, el 16.5% de los nacimientos fueron de mujeres con un rango de edad entre 15 y 19 años (GEPEA 2021). En ese informe se reitera, con base en estimaciones de fecundidad que, pese a los avances en materia del fenómeno, existen municipios rurales con altas tasas específicas de fecundidad en los que urge seguir trabajando.
En este contexto se engarzan las estrategias de intervención para atender el fenómeno de los embarazos tempranos. En concreto, las cuatro jóvenes con las cuales se entabló diálogo en esta investigación, y que fungieron como protagonistas del proyecto Buenas Prácticas, provienen de territorios rurales de la entidad, tres de ellas se identificaron de origen maya y fueron quienes migraron a la ciudad de Mérida para estudiar el bachillerato y después la universidad. Esto nos habla de los recursos y apoyo por parte de la familia al posibilitar esta movilidad de tres hijas, todas ellas hermanas mayores de familias nucleares y con la mamá como jefa del hogar. De igual forma, valoraron cursar estudios universitarios (tres en universidades públicas y una en privada) porque los percibían como una forma de superación personal y familiar; en correspondencia, laboraban en diferentes actividades que les permitían obtener recursos para sus gastos personales. Si consideramos los datos numéricos presentados en esta sección, podemos situar los esfuerzos de madres y jóvenes para procurar el acceso a educación media y superior en un contexto estatal de vulnerabilidad.
Ramos (2021) analizó las trayectorias de jóvenes mayas o de origen maya que cursaban la universidad en Yucatán, con la finalidad de comprender los procesos que crean, moldean y exacerban las desigualdades en el ámbito de la educación. Concluye que los sectores de población indígena con mayor escolaridad son los que no aprenden lengua indígena o que la dejan de hablar. En palabras del autor, el bienestar que puede dar la educación superior es posible, casi siempre a costa de la propia identidad. En nuestro caso, si bien las entrevistadas no eran mayahablantes, sus abuelas, abuelos y madres sí tenían a la maya como primera lengua. Además, las jóvenes reiteraron una fuerte identificación con sus comunidades de origen, y seguían nombrándolas como los lugares ideales para vivir, a los que pensaban volver cuando tuvieran un empleo que les garantizara la solvencia requerida. Dos de las jóvenes tenían liderazgos marcados en sus municipios y estaban vinculadas con la política del contexto. En todo caso, lo que observamos es que ser joven rural en la actualidad significa matices como la escolaridad, poliempleo y migración, aspectos en los que se ha profundizado en investigaciones recientes (Rivera 2022).
Cuando se retoma y analiza el tema de los embarazos tempranos a menudo se suele apelar a proyectos de intervención con la finalidad de atender y prevenir este fenómeno. La intervención social implica un actuar con diferentes intencionalidades, intereses y usos, dependientes de las propias representaciones, orientaciones y perspectivas de quien la diseñe y aplique. Se pretende incidir sobre una situación o problema con el propósito de modificar o generar un cambio en la misma situación que lo originó (Galeana y Tello 2010).
Nirenberg (2013) define la intervención social como iniciativas y acciones que buscan realizarse a diferentes escalas y magnitudes. Suele efectuarse organizadamente, se sustenta en contenidos teóricos de cambio, y responde a necesidades o situaciones problemáticas definidas socialmente. Vislumbra la transformación, y ser legitimada pública o socialmente. Las intervenciones sociales pueden ser proyectos locales, comunitarios, programas de gobiernos nacionales, regionales, iniciativas de agencias u organismos de cooperación internacional, entre otros.
En el caso de los embarazos precoces, la estrategia de intervención estatal guarda correspondencia con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la cual, a través de acciones interinstitucionales, políticas y planes estatales y municipales, busca hacerle frente a dicho problema. En ese sentido, el proyecto Buenas Prácticas se respalda en el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán (PEDY) que, a su vez, retoma directrices del Plan Nacional de Desarrollo y de la Agenda 2030. Esta Agenda tiene como fin último erradicar la pobreza en sus diversas manifestaciones y dimensiones, pues se identifica como el mayor reto que enfrenta la humanidad para transitar al desarrollo sostenible (ONU 2018). Se posiciona desde el cambio y con un alto compromiso social poniendo en el centro la igualdad y dignidad de las personas.
El objetivo 5, de los 17 que conforman la Agenda 2030, plantea la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas; entre otros, se retoman metas de acceso a la educación, a la salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos. Se plantea eliminar todas las prácticas nocivas que las violenten como el matrimonio infantil y la mutilación femenina. Por su parte, el PEDY emplea como eje transversal la igualdad de género, oportunidades y no discriminación. La visión se fundamenta en generar acciones que empoderen a las mujeres, así como de prevención de las violencias hacia ellas y a las personas con discapacidad (Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 2019). En concreto, con los embarazos tempranos se proponen mecanismos para su prevención y atención en todo el sistema de salud. Entre las líneas de acción destacan el impulso de campañas informativas sustentadas en un enfoque inclusivo (Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 2019, 294).
En el planteamiento del PEDY se parte de la complejidad explicativa de las causas que sustentan el fenómeno de los embarazos tempranos. Este reconocimiento guarda relación con el carácter integral que Nirenberg (2013) destaca como componente indispensable en toda intervención social que, entre otros, prioriza enfoques amplios y holísticos, capaces de comprender con miradas abarcativas la multidimensionalidad de los problemas.
En una investigación reciente Pérez y Rincón (2020) revisaron diferentes intervenciones sociales en Latinoamérica y el Caribe con la finalidad de rescatar los elementos exitosos en la prevención de los embarazos tempranos, para ser considerados al momento de delinear agendas de acción. Por ejemplo, puntean la edad como elemento central, y la importancia de plantear intervenciones desde los últimos años de educación primaria, pasando por la secundaria y bachillerato. Para las autoras, si a menor edad se informa oportunamente a las poblaciones sobre sus derechos sexuales y reproductivos, mejores impactos se tendrán en las intervenciones a largo plazo. Destacan otro elemento, la capacitación oportuna del personal que trabajará directamente con la población, principalmente en temas de género y derechos sexuales y reproductivos. Esto último ha sido un punto de reflexión importante en mis investigaciones, y en otro espacio mostré cómo en las tareas de prevención de embarazos tempranos en una comunidad costera de Yucatán, personal de una institución gubernamental reiteraba sus propios conocimientos de sentido común que contradecían los propios discursos estatales y nacionales en materia de dicho fenómeno (Rubio 2019). Esto instaura una nueva forma de vulnerar a las poblaciones, al recalcarles estereotipos y nociones que no contribuyen a la atención del problema.
El proyecto de intervención “Buenas prácticas: estrategia de juventudes en acción para la prevención del embarazo en adolescentes en Yucatán” inició en el año 2019, dando capacitaciones a cerca de 100 universitarias y universitarios provenientes de instituciones de Izamal, Mérida y Tekax. En otro momento, entre el 2020 y 2021, se continuó capacitando a más estudiantes procedentes de 17 universidades de la entidad. El trabajo institucional se realizó durante la pandemia, lo cual entrañó un reto mayúsculo a Semujeres, al traspasar todas las actividades presenciales a un formato digital. En este periodo, ingresaron las jóvenes que fueron entrevistadas. De acuerdo con su responsable, el objetivo del proyecto fue formar estudiantes de nivel superior en temas teóricos y prácticos relacionados con derechos humanos, corresponsabilidad y plan de vida, con la finalidad de que fuesen agentes de cambio mediante la réplica de cursos sobre prevención del embarazo en adolescentes a alumnas y alumnos de secundaria de municipios con alta tasa de fecundidad en Yucatán. En todo momento se partió de la idea de que esta Buena Práctica posibilitaría el diálogo entre pares con la intención de formar agentes impulsores de cambio en sus comunidades.
En el proyecto se retoma la noción de Buenas Prácticas, misma que ha sido definida a partir de dos elementos que Jerí (2008) explica. El primero, guarda relación con su capacidad de ser una experiencia innovadora que incide en la solución de un problema con base en una mejoría del proceso. El segundo, indica que toda buena práctica debe tener una base cognitiva sólida inherente a la propia praxis, es decir, el conocimiento sobre el fenómeno guía el procedimiento. En palabras de Burijovich (2011, 32), las Buenas Prácticas se realizan “para que sirvan de ejemplo en el diseño de nuevas actuaciones o bien para su transferencia a otras entidades o zonas geográficas. En general, este concepto se ha empleado como sinónimo de ‘buena experiencia’ o ‘experiencia exitosa’”.
Si las Buenas Prácticas tienen como finalidad ser referentes para otras intervenciones porque han sido probadas por sus efectos o fundamentos metodológicos, resulta útil analizar las experiencias de quienes fueron parte del proyecto de intervención. Retomar la perspectiva de las jóvenes que fungieron como enlaces entre la Semujeres y la población de estudiantes de secundaria, puede retroalimentar la Buena Práctica al proporcionar una faceta de los aciertos y limitaciones, lo cual, sin duda, permitiría avizorar la viabilidad a largo plazo.
Desde su planeación, la iniciativa contempló tres momentos: 1) formar a alumnas y alumnos de nivel superior; 2) realizar réplicas de talleres a estudiantes de nivel secundaria, y, 3) reflexionar colectivamente a partir de una obra de teatro sobre el fenómeno. Los perfiles de las y los universitarios eran diversos, procedían de licenciaturas de ciencias sociales y humanidades como psicología, educación, derecho, y de licenciaturas enfocadas en las tecnologías. También procedían de diferentes partes del estado, tanto de la ciudad como de zonas rurales. Por ejemplo, Nallely4 recuerda cómo fue su proceso de vinculación con la Secretaría, ella es originaria de un municipio del sur de Yucatán, región que, como mencioné, se caracteriza por las cifras altas en materia de embarazos tempranos, y estudiaba administración de empresas en una universidad aledaña, tenía 23 años cuando se vinculó con la dependencia:
Entonces la coordinadora académica me habla y me habla y me dice: oye, tengo un proyectito, no sé si quieras ingresar, veo que tienes el perfil y que no sé qué; y le dije: ¡ah bueno, pues va!, ¿qué es? No sé, únicamente son unas pláticas, van a hablarles acerca de la prevención del embarazo y todo va a estar bien, va a durar de dos a tres meses. Dije: ¡ah bueno!, está bien, no pasa nada. […] Entramos a las primeras reuniones y solamente, de la Universidad entraron como cuatro, y todos escuchábamos qué era; pero yo me daba cuenta de que había de otras universidades, habían aquí de la Latino, habían incluso de la UADY, y pues yo veía que el perfil que tenía la mayoría era de psicología, tenían algunos del sector educativo, y el mío no tenía absolutamente nada qué ver, y como nos hacían una pequeña presentación, yo me decía, ¿qué voy a decir?, si la mía no tiene nada, nada, nada qué ver con ello […]. (Nallely, septiembre 2021).
En general las narrativas de las jóvenes indican que el vínculo se estableció directamente con las autoridades de sus planteles educativos, a ellas les solicitan colaborar por su coordinación académica como una posibilidad de obtener un beneficio de liberación de sus prácticas profesionales o servicio social mediante el proyecto. En todos los casos, la información que poseían era vaga respecto a la iniciativa gubernamental. Este comienzo de la vinculación jóvenes-proyecto, me lleva a reflexionar respecto al paralelismo con las organizaciones de mujeres rurales que suelen ser incorporadas a iniciativas gubernamentales con la finalidad expresa de transformar sus condiciones de vida. La información sobre los proyectos a los que se les integra, por ejemplo, desde dónde y por qué se les otorgan, suelen ser puntos desconocidos para las usuarias (Rubio 2018). En el caso de esta experiencia, los testimonios no indicaron detalles sobre el origen del proyecto Buenas Prácticas, ni por qué fue la población joven la que tenía que capacitarse y fungir como intermediaria con las y los estudiantes de secundaria.
Los contenidos temáticos brindados se valoraron positivamente, particularmente los temas de género, violencias y derechos humanos. Esto es indicativo porque para las jóvenes fue su primer acercamiento a esos tópicos, y demuestra la urgencia de redoblar esfuerzos en esa dirección; tal y como proponen Pérez y Rincón (2020), las capacitaciones deben hacerse desde niveles educativos básicos hasta bachillerato, en un continuum, con ello se aseguraría un mayor impacto en las agendas de género, por ejemplo, Blanca comenta sobre este punto:
Al principio, lo que nos hacían por Secretaría de Mujeres era darnos pequeños cursos para tener en cuenta las cifras. Algunos puntos de vista, porque éramos varias personas de diferentes lugares, había de Mérida, había de Motul, había de otros lugares; entonces, como para tener un punto de vista de cada lado, porque al fin y al cabo cada persona lo va a vivir desde una perspectiva diferente. Nos enseñaban métodos anticonceptivos, sí, eran métodos anticonceptivos, cuál está bien, cuál no. Violencia, esa violencia que ocurre también en las relaciones, incluso vimos el violentómetro, que hace muchos años recuerdo que se hizo muy famosa esa imagen y lo fueron pasando por todos lados. Pero no sabía qué era, ni nada de violencia. Entonces también el violentómetro que la mide, y entonces eso fue lo que nos ayudó a prepararnos para llevarles la información a los chicos. (Blanca, agosto 2021).
La selección de los tópicos y formas de abordarlos constituyó un punto central para el personal encargado de las capacitaciones. En una entrevista abierta en el marco de las jornadas virtuales 2021, en conmemoración del Día Internacional de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, uno de los responsables de las sesiones temáticas del proyecto Buenas Prácticas compartió que este proceso tuvo un doble reto. Primero, emplear metodologías atractivas para una población juvenil saturada de actividades virtuales debido a la pandemia, y, segundo, diseñar contenidos participativos, que aseguraran su interiorización por la población:
La verdad es que parte de la dinámica que hemos adoptado en IEPAAC en este proceso y en todos los que impulsamos, es el desarrollar procesos que se construyan de forma participativa, es decir, no pensamos en un proceso donde nosotros diseñemos de antemano y vayamos a transmitir la información, sino que nos gusta mucho ir retroalimentando la experiencia. O sea, en ese sentido, la verdad es que incorporamos muchísimo, muchísimo, muchísimo, pues las voces de las y los participantes, no solamente en los temas que les interesaban abordar, reflexionar, conocer, sino también en el tipo de metodologías que ellos y que ellas prefieren […] Nosotros creemos que más que un proceso de transmisión de información fue un proceso de construcción colectiva del conocimiento. (Capacitador, septiembre 2021).
Otros contenidos ampliamente valorados fueron los relacionados directamente con los embarazos a edades tempranas. En todos los casos las jóvenes conocían familiares como primas, tías o hermanas que se convirtieron en madres finalizando la primaria, en la secundaria o bachillerato; también nombraron a sus vecinas y compañeras de la escuela. Evocaron su falta de información y sus reacciones poco empáticas con esas mujeres, primando actitudes de “morbo” e incluso “chisme” porque “otra más” “se embarazó”:
Pues mira, cuando yo pasé a la secundaria, todo eso fue a partir de que yo pasé a la secundaria. Pasé a secundaria y empiezan a quedar compañeras de primer año embarazadas, que no pudieron continuar con sus estudios por lo mismo, quedaron embarazadas. Al principio era: ¿cómo va a ser?, en ese momento era como la fijación del chisme, de ¿cómo va a ser esto que le pasa? Y de la manera como lo quieras ver, siempre es, crece el morbo, crece este morbo de cómo pasó, ¿qué dirán? y todo eso. Ese era el pensamiento y la información que yo tenía en ese tema en ese momento. (Blanca, agosto 2021).
Por ello, cuando reciben las capacitaciones por expertas y expertos en manejo integral de la sexualidad, cambian sus percepciones sobre el tema y las maternidades tempranas. Reflexionan sobre el proceso de naturalización de contenidos de sentido común respecto a los embarazos tempranos y las violencias, que desde el momento de su vinculación institucional con la Semujeres empezaron a ser objeto de cuestionamiento y crítica. Los contenidos otrora tácitos que los definían se fueron convirtiendo en objeto de problematización:
A mí se me abrió la mente, no te voy a mentir, me sentí hasta mal porque creo que traté mal a mis compañeras o hasta a mis primas que se embarazaron entrando a la COBAY.5 Por eso fueron buenas las clases con las maestras de Mérida, también se conectaban de otros lados, que de muy lejos o algo así. Ellas me pusieron a pensar en lo que sentían esas muchachas, si estaban felices o qué pasaba por su cabeza. Digo, a lo mejor las pegaron (sic), así obligadas. (Alondra, noviembre 2021).
Me metí a un curso en donde estamos viendo la parte de embarazo, de la prevención de los embarazos adolescentes, pero ¿qué estoy ganando al estarme metiendo en ese tipo de situaciones? El hecho de que uno se cuestione y se pregunte, ¿qué es lo que estoy ganando al invertir tantas horas? Yo decía, estoy ganando: uno, el conocimiento; dos, la confianza nuevamente en mí misma, y, tres, la oportunidad de, tal vez, ayudar y alentar a nuevas personas. Sobre todo, de dar, ahora sí que de informar todo lo que yo ya aprendí en el curso de capacitación, a las personas que lo necesiten, porque sí pasa que lo necesitan, y no quedarme con esa información. Pasa que terminamos el curso, empezamos a hacer réplicas, entonces, en las partes de las réplicas es donde nos ponemos, ahora sí que a trabajar con quienes lo necesitan [...]. (Nallely, septiembre 2021).
En el sentido anterior consideraron que sus intervenciones impactaron positivamente en las y los estudiantes de secundaria, iniciando con temáticas como los estereotipos y roles asignados según el sexo. También, por el punto de las violencias y el propio tema de los embarazos tempranos, que no son “normales” aunque sí pueden resultar de una libre elección.
Las réplicas les entrañaron un reto por la metodología de trabajo que tuvieron que establecer con las y los estudiantes de secundaria. Indicaron la construcción de mecanismos didácticos para transmitir los contenidos de los talleres, con la finalidad de que la información trascendiera en la experiencia de las y los participantes:
Tuvimos que hacer atractivo el programa de réplicas, porque así, nada más exponer, como que no captaba la atención de los muchachos, me dirás porque todo era en línea, pues pensamos cómo hacer para hacer algo que se quedara, o sea, que no fuera una reunión más. Algunos veías que no prestaban atención, y a ti te desesperaba, digo, a mí me desesperaba, por eso hicimos presentaciones didácticas para los chavos. (Alondra, noviembre 2021).
Además, no todas tenían experiencia en el manejo de grupos, sumado al desafío que les causó adecuar los contenidos de los talleres a un lenguaje asequible y sin tabú al momento de hablar de prácticas sexuales sin protección. Adicionalmente a la sistematización de los conceptos que previamente habían recibido del personal dispuesto por la Secretaría, otro reto de carácter práctico fue el punto de la conectividad. Mencioné que la mayor parte de las capacitaciones se realizó en municipios rurales, durante los dos primeros años de pandemia por Covid-19, en el 2020 y principios del 2021. Entre estos municipios destacaron los del sur del estado, de los cuales se ha documentado el rezago de las tecnologías de comunicación y la implicancia en la educación formal (Cornejo y Castellanos 2020). De nuevo, Nallely nos comparte su experiencia:
Que hay muchos municipios donde tienen muy poca conectividad de Internet, hay chicos que apenas tienen suficiente saldo para entrar a las clases virtuales, para poder tener la conectividad, para poder tomar ese tipo de pláticas. Incluso, hubieron escuelas que se brindaron para que pudieran ellos ir a las mismas escuelas de la comunidad. Suponiendo, soy de Oxkutzcab, pero en mi casa y en mi municipio no tengo conexión de Internet, pero en la escuela donde yo estudio sí, entonces se habilitó el aula y se van allá los chicos a tomar el curso, la plática de la Secretaría. Y así nos pasó con varias escuelas cuando empezamos las réplicas, ¿y qué hacemos?, entonces para que nosotros hagamos las réplicas teníamos que estar en binas, y mi bina y yo buscamos cómo resolver, pero no podemos hacer mucho, si no hay para vivir, tampoco para el Internet. Me dirás que varios papás igual tuvieron dificultades económicas con lo del virus. (Nallely, septiembre 2021).
Este punto significa un reto en el que me detendré porque la atención de fenómenos como el documentado tiene que ir de la mano con el tratamiento de desigualdades que vulneran y laceran las poblaciones de jóvenes y adolescentes, por ejemplo, la falta de acceso a las tecnologías de la comunicación. En otro espacio se ha reflexionado sobre el alcance de las sesiones que implementó la Se cretaría en tiempos de pandemia, cuando primó el trabajo desde la virtualidad, capacitando a quienes pudieron acceder a un dispositivo móvil con conectividad, y excluyendo a quienes no tenían esos recursos (Rubio 2022). En el momento en que las condiciones lo fueron permitiendo, se encontraron estrategias para llegar a un mayor número de jóvenes y adolescentes, tal y como lo relata la propia Nallely, pero esto no siempre garantizó la asistencia por el riesgo al contagio. Al respecto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA 2020, 64) ha estimado que a raíz de la pandemia, existe un retroceso de cinco años en los avances sobre la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente de América Latina y el Caribe, pasando de 61 a 65 nacidos vivos por cada mil adolescente de 15 a 19 años, lo cual nos devuelve a la urgencia de revisar las estrategias de intervención y su impacto en la población objetivo.
En el caso analizado todas las entrevistadas consideraron haber aportado a la temática de prevención con sus intervenciones, en la medida en que los contenidos proporcionados emanaban de una demanda concreta e, incluso, cuando los adecuaron según la disposición de los grupos con los cuales trabajaron. Una de ellas, familiarizada con el trabajo comunitario reflexionó:
Nelia: yo creo que toda intervención debe aportar algo en la mente de los chavos, o sea, de toda persona, porque para eso intervienes, ¿no? Cuando haces algo ya estás interviniendo y tiene que tener algún efecto, si no es a corto plazo, algo dejará. Así es el intervenir, tu sola presencia ya deja algo.
Nelia: antes que nada, el conocimiento de los temas, pero también creo que la confianza de decir lo que no se atrevían, sus dudas. Por eso tuvimos, por decir, que sondear cómo estaban los grupos, si participaban o no, y de ahí veíamos en qué tema profundizar o si tenían más información en otros. Pues así lo ajustamos, pero fue así, como entre nosotras (se refiere a su bina). (Nelia, mayo 2021).
Sin embargo, también fueron conscientes de las limitaciones de sus intervenciones, principalmente por el reto de la virtualidad y lo que les implicó cuando las y los estudiantes podían conectarse a las sesiones:
Hubiera sido muy padre haberlo hecho presencial, porque son actividades que hubieran sido interesantes hacerlas con compañeros y compañeras, así, ya en vivito, en persona. Pero creo que entre lo que se pudo, se pudo hacer bastante. Lo virtual era algo que sí nos daba mucho pendiente, era precisamente esta parte de la atención, si nos iban a escuchar, si nos iban a hacer el clásico apago mi micro, apago mi cámara, y pues tú vas a ver que estoy allá pero no sabes que estoy allá. Entonces, sí tenemos mucho ese pendiente y siempre pedíamos que se encendieran las cámaras, y lo encendían por dos minutos y luego la apagaban, y nosotras así todas nerviosas, pero algo que al menos a nosotras nos funcionó fue ponerlos a leer. Información que, en sí nosotras, se suponía que debíamos decirlo, leerlo y todo eso; le decía a mi compañera, ¿sabes qué?, ¡no!, vamos a decirles: ¡lean este inciso! Y ya nosotras lo explicábamos, y así fuimos creando esta parte. (Blanca, agosto 2021).
Inherente a los desafíos que identificaron las jóvenes, quisiera rescatar un aspecto relacionado con la comunicación con la Secretaría, la cual fue calificada como “complicada”, y que se denotó en el decurso del proyecto:
¡Ay, jajajaja!, fue un poquito complicada, sinceramente, no te voy a mentir. Por ejemplo, yo para cuestiones de mi servicio social de la escuela pues estaba viendo el tiempo y estaba procurando que tratáramos de terminar antes del tiempo; si no saber la fecha exacta en la que íbamos a terminar, sí para saber cuánto tiempo tenía para tomar mi servicio y cuántas horas me iba a dedicar por día […] Y mandé correo, y jamás contestaron, ¡jajajaja!, entonces la comunicación no era tan fluida, las dudas que teníamos aprovechábamos para decirlas en el curso, y cuando teníamos dudas, a veces nos contestaban y a veces no; entonces, creo que fue un pequeño gran detalle que tuvimos, y de hecho para nuestras réplicas se suponía que nos iban a avisar con bastante tiempo de anticipación, aunque sea una semana, pero casi dos días antes nos dijeron: a tales binas les tocan estas escuelas, les tocan estas fechas, estos horarios. Y nosotros así: ¿y cómo? Y los materiales, ¡el material!, el material nos lo soltaron igual, dos días antes. Entonces fue un poquito complicada esta parte. La comunicación con la Secretaría no fue tan fluida como esperé. (Blanca, agosto 2021).
Este punto también se reflejó en la conclusión de sus participaciones en el proyecto, pues para ellas no fue clara, y en dos casos esperaban la continuidad del programa. Lo que se observa es un elemento constante sobre las formas de operar proyectos institucionales, con discontinuidades en el decurso de las experiencias y con poca consistencia en el seguimiento correspondiente (Rubio 2018). Desde mi perspectiva, esto puede influir en el impacto de las intervenciones a largo plazo. Por ejemplo, al término la intervención, los esfuerzos remontados por la Secretaría no tuvieron un seguimiento, las jóvenes se dispersaron y, aunque se retroalimentó la experiencia, se concluyó sin mayor comunicación con ellas.
En una entrevista abierta, uno de los responsables de las capacitaciones a las y los universitarios refirió que la experiencia Buenas Prácticas confirmó el éxito de la estrategia de intervención entre pares y validó las relaciones horizontales que considera se formaron a partir del proyecto. Destacó la confianza y empatía entre la población de adolescentes y jóvenes para preguntar, responder y cuestionar las temáticas estudiadas. Enfatizo este punto porque invita a plantear, ¿cómo continuar potenciando esos aprendizajes y asegurar su continuidad en pro de la erradicación del embarazo infantil y prevención del embarazo temprano?, en otras palabras, ¿cómo trascender la misma experiencia del proyecto?
En ese marco, me parece fundamental reconocer los efectos de las intervenciones que realizaron las enlaces en las poblaciones de estudiantes de secundaria. Mencioné que una Buena Práctica lo es en la medida que asegura cierto éxito en el tratamiento de un problema y, a mi juicio, este tiene que estar vinculado con un impacto de larga duración en la población a quien se dirige la intervención, trascender el mismo proyecto y evaluarlo en su conjunto. También debe considerar los efectos que suscita entre quienes ejecutan las acciones, en este caso las enlaces universitarias.
¿Cómo generar transformación en torno a un fenómeno multicausal en un escenario de post-pandemia? Primero, partiendo de uno de los principios de toda Buena Práctica, aludiendo al conocimiento sólido sobre el problema de atención, porque de ahí emana el resultado de la estrategia de intervención (Jerí 2008). Si bien en esta experiencia se procuró que los temas ofrecidos a la población joven los proporcionaran especialistas, esto no siempre sucede así. Referí que suele imponerse el conocimiento de sentido común de los agentes institucionales ante, por ejemplo, la concepción de los embarazos tempranos y sus configuraciones, lo cual redunda en la homogeneización de contenidos temáticos entre distintas regiones pasando por alto los contextos y sus especificidades.
Segundo, la intervención puede ser exitosa, como fue calificada esta experiencia por las jóvenes y personal al frente de las capacitaciones, pero si no trasciende el proyecto y se atienden otras problemáticas vinculadas, los resultados muy probablemente tendrán un alcance limitado y se quedarán a nivel de las capacitaciones, cursos o talleres. Atender, en el caso concreto, las múltiples desigualdades que han sido sistemáticas en la ruralidad yucateca y que se reflejan en la situación de pobreza en la que viven sus habitantes, el acceso a la educación y a las tecnologías de la comunicación, así como las distintas violencias que día a día laceran a las mujeres, específicamente a las niñas y jóvenes.
Tercero, dar seguimiento a lo que se ha provocado, lo cual implica una corresponsabilidad institucional, la continuidad a las conciencias reflexivas que se dispersaron al término de las réplicas de talleres. Esto es un punto crucial, impulsar lo que se ha logrado y de ahí continuar apuntalando más estrategias de intervención:
Hasta ahorita no sé si va a haber alguna continuidad del proyecto, hasta donde yo sabía no, pero es desde lo que pienso, no sé. No nos han dicho así de cierto si sí o no.
Estamos como en stand by, pero sinceramente no sabemos cómo tomaron los chavos la información, fueron muchas escuelas, mucha gente y no tenemos manera de contactar ni saber qué les dejó. Ya no seguimos en contacto con todos, cada quien volvió a su vida normal. (Blanca, agosto 2021).
Cuarto, un punto fundamental que se abstrajo de los efectos de la intervención institucional se relaciona con los sentires de las enlaces universitarias. En todos los casos valoraron la iniciativa desde contenidos positivos por constituir una experiencia diferente a sus actividades habituales, incluso para quienes contaban con liderazgos acentuados y eran cercanas a procesos de desarrollo comunitario:
Nelia: A mí me gustó lo que hice, me sentí bien, como quien dice, responsable por lo que tenía que hacer. Fue bonito y bueno, me quedé así con lo que aprendí, pero no solo me quedé con eso, también lo compartí. Como decía, la intervención es así, lo que hiciste, pero también lo que te pasó a ti.
Nalia: pues eso, que me la pasé bien, fue de estrés porque fue poco tiempo, pero me gustó mucho, fue muy bonito (sic) la experiencia. Dijeron que continuarían, yo sí quiero continuar, bueno, depende del tiempo y aparte de los gastos. (Nelia, mayo 2021).
Las intervenciones gubernamentales a menudo tienen esos efectos en las mujeres, los cuales, por lo general, no son esperados ni buscados, pero sí los que pudieran contribuir a hacer más sostenibles las experiencias. Las jóvenes se familiarizaron con los temas de las capacitaciones, los reflexionaron y adecuaron según los grupos con los que trabajaron, establecieron un vínculo entre ellas y esperaban permanecer en el proyecto; sin embargo, el final fue abrupto, con dudas sobre la persistencia de la iniciativa. En este sentido, futuras intervenciones institucionales sobre la temática debieran partir desde los recursos humanos ya formados.
Como he mencionando, esta cuestión es análoga a los análisis de las experiencias de organizaciones productivas de mujeres rurales conformadas por iniciativas gubernamentales. Los impactos en las mujeres, sus sentires, y la forma como las intervenciones institucionales son organizadas en el fuero interno, refieren al plano de lo vivido, trascendiendo los proyectos mismos como conjunto de actividades y resignificándolos desde las propias experiencias (Rubio 2018). Sin embargo, estos sentires a menudo no son percibidos por la institucionalidad, como en el caso de Buenas Prácticas.
Los vínculos gestados entre pares a raíz del proyecto fueron un aspecto importante que permitió a las jóvenes desarrollar satisfactoriamente la labor asignada por la Secretaría. Destacaron los lazos de solidaridad, desde el reconocimiento de sus roles como universitarias y enlaces que provenían de territorios rurales del estado, cercanas a las vulnerabilidades de los mismos, y con el compromiso de contribuir a la transformación social. Esta idea la tuvieron muy presente al momento de preparar y realizar las réplicas de los talleres, y fue un punto reiterado en la parte vivencial de la experiencia. En otras palabras, el proyecto fue un evento trascendente en las jóvenes tanto por los sentires suscitados como por la labor cognitiva y práctica que demandó el vínculo con la Secretaría.
En conjunto, estos cuatro puntos pudieran contribuir a la retroalimentación de la Buena Práctica en un contexto de vulnerabilidad en el que impera un discurso institucional (narrativas y prácticas) de trasformación en torno a un fenómeno multicausal que, a mi juicio, no puede pasar por alto las perspectivas y necesidades de la población directamente involucrada en las estrategias de intervención.
El proyecto Buenas Prácticas marcó un hito en la manera de intervenir en el fenómeno del embarazo temprano en Yucatán. Como estrategia tuvo aciertos importantes, por ejemplo, el impacto en las jóvenes que fungieron como enlaces entre Semujeres y estudiantes de educación secundaria. En principio, provocó el acercamiento de las universitarias a un problema de salud pública con información fundamentada en y desde las causas que lo configuran; este primer acercamiento posibilitó mayor reflexividad en sus conocimientos de sentido común sobre el embarazo temprano. Además, el trabajo tuvo resonancias positivas en las jóvenes, lo cual habría que canalizar para la continuidad de las iniciativas. Por ello, es importante y deseable seguir fomentando estas conciencias reflexivas y que el fin del proyecto no sea el de una posibilidad de retomar los aprendizajes y lecciones integrales que dejó la misma intervención. Resulta fundamental continuar impulsando estrategias para incorporar activamente a las y los jóvenes en programas o proyectos como Buenas Prácticas y, sobre todo, en el desarrollo de políticas públicas que tengan como finalidad incidir en las condiciones de vida de esta población, así como en las y los adolescentes e infancias.
La trascendencia del proyecto en las jóvenes y estudiantes de secundaria, más allá de sus objetivos tácitos, es un aspecto que enriquecería futuras intervenciones. También el reconocimiento a las poblaciones participantes que, pese a la adversidad que impuso la cuarentena por el coronavirus, asumieron sus compromisos con la Secretaría.
Una Buena Práctica debe retroalimentarse a largo plazo, y su efectividad será trascendental en el fenómeno de los embarazos tempranos si se enlaza con otras estrategias que promuevan la transformación de los contextos sociales adversos o poco favorables para el florecimiento humano. Más allá de su evaluación como tal, lo imperioso es que los resultados que alcanzó esta Buena Práctica, a partir de las experiencias de las jóvenes y del reconocimiento que le ha dado la ONU como una de las mejores prácticas a nivel internacional en el marco de la Agenda 2030, sean sostenibles en un estado que, como se expuso, tiene múltiples desigualdades acentuadas en los contextos rurales con diferencias de género. Para ello, es fundamental, asimismo, evaluar esta intervención institucional desde la propia Agenda 2030, a la cual México se sumó y que el actual gobierno del estado suscribe como fundamento del plan de desarrollo. En otras palabras, el tema de los embarazos tempranos continúa siendo de promoción de la salud y derechos sexuales y reproductivos, donde urge se aseguren políticas eficaces que brinden educación sexual oportuna y con sustento a las poblaciones en riesgo. Como fenómeno complejo no puede revertirse sin un cambio profundo en otros niveles de atención, por lo cual, la intervención, por muy exitosa que se catalogue a corto y mediano alcance, seguirá teniendo efectos limitados a la larga si no se trabajan las causas que lo sustentan. De ahí la urgencia de políticas efectivas que atiendan problemas como la pobreza, desigualdad y violencias, aspectos que también configuran a los embarazos tempranos.
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Amada Rubio 2019¿Intervención para el desarrollo? Reflexiones a partir del embarazo adolescente en un contexto situado en Yucatán Fátima Flores Amada Rubio Género, transdisciplina e intervención socialMéxicoCEPHCIS.UNAM233254
[1] Para el INEGI (2018), una persona joven es aquella cuyo rango de edad oscila entre los 15 y 29 años mientras que las Naciones Unidas divide entre adolescentes y jóvenes, en el primer grupo, a las personas entre 10 a 19 años y en el segundo a las de 15 a 24 años (Born, Minujín y Lombardía 2015). En este artículo me referiré a lo indicado por el INEGI acotando que el fenómeno abordado alude a embarazos que se gestan antes de los 18 años y que las jóvenes enlaces eran estudiantes universitarias.
[2] https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=91447138-3345-4b51-aace-90140b31664c (Consultado, junio 16, 2022).
[3] https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=91447138-3345-4b51-aace-90140b31664c (Consultado, junio 16, 2022).