Los impactos emocionales de la deportación: el caso de Ana Laura, una mirada desde el trabajo social

Literatura incipiente de trabajo social sobre un tema nodal en México

Las investigaciones generadas en nuestro país que problematizan el fenómeno de la migración desde la disciplina del trabajo social son escasas. La producción de literatura científica desde las instituciones universitarias en trabajo social que aborden las problemáticas en torno a la migración es prácticamente inexistente. Al realizar una búsqueda de la literatura en línea utilizando las palabras trabajo social y/o intervención social y migración, y revisar las investigaciones de las instancias académicas que ofertan la disciplina de trabajo social en nuestro país, encontramos solamente unas cuantas publicaciones, entre estas, se encuentran la revista Realidades,³ que ha publicado artículos que versan sobre un proyecto social para la promoción de la autonomía y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres indígenas migrantes en el estado de Nuevo León (Cruz y González 2015) y la relación entre vivienda, remesas y políticas públicas (García 2015); mientras que en la revista Perspectivas Sociales, también editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se localizó un artículo sobre la vulnerabilidad de los migrantes internos recluidos en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas (Carpio et al. 2017) y otro sobre cómo las y los jóvenes habitantes de la zona metropolitana de Monterrey y del municipio rural de Zaragoza, Nuevo León, vivencian sus emociones a partir de la migración de sus padres a Estados Unidos (Ramos y Contreras 2016).

Finalmente, dicha universidad ha publicado libros sobre derechos humanos y migración (Ramos et al. 2017), cambios culturales en los procesos de migración (Sieglin et al. 2008) y las intersecciones entre la maternidad, la pobreza y la vida en la frontera entre Estados Unidos y México (Lein et al. 2010). En agosto de 2018, la universidad citada organizó el Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales en donde incluyó una mesa de trabajo titulada: “Nuevos contextos de la migración, retos para el trabajador social”, dichos trabajos fueron publicados en la revista del evento.⁴

Por otro lado, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México ha publicado solo algunas investigaciones bajo la mirada del trabajo social (ver Campos y Covarrubias 2017; Campos y Covarrubias et al. 2012 y Contreras 2013), por su parte, la profesora Guadalupe Costilla Varela ha participado muy activamente con población migrante desde la materia de práctica regional en la licenciatura de trabajo social.

Es importante mencionar que algunas de las organizaciones que trabajan directamente con migrantes cuentan con literatura que han generado desde miradas del trabajo social, tales son los casos de la fundación Arcoíris,⁵ la cual ha abonado con diversos estudios a la reflexión sobre el acceso a los derechos de toda índole de los colectivos de migrantes de la comunidad LGBT (Careaga y Batista 2017; List 2011). De igual manera, Sin Fronteras⁶ tiene una vasta literatura que aborda temas como políticas públicas, integración, derechos de los migrantes, seguridad y modelos de atención, entre otros.

A partir de la información que contiene el Directorio de Casas y Albergues para Personas Migrantes, recopilado por la Organización Internacional para las Migraciones,⁷ hay un registro de 113 casas y albergues en México, que dan atención a migrantes, de los cuales menos del 25%⁸ tienen manuales operativos, informes o documentos publicados en donde se detalle la forma en la que se hace su intervención con la población migrante. De estos espacios registrados, los que se encuentran en la frontera norte de México, son los que dan atención a migrantes retornados, ofreciendo hospedaje y alimentación temporal, y evitando que dichas personas caigan en manos del crimen organizado, que están en constante acecho de quienes están llegando a la frontera.

Sin embargo, para la importancia económica, política, social y cultural que tiene la migración en México, sigue habiendo un vacío considerable en los estudios migratorios desde la óptica del trabajo social. Consideramos urgente la reflexión, investigación y el registro de las experiencias en el ámbito migratorio para la producción de literatura científica desde el trabajo social, al igual que desde la transdisciplinariedad. En estos momentos de transformaciones de los patrones migratorios y de crisis, originadas por los mismos Estados expulsores y receptores de migrantes, es urgente aplicar mecanismos de atención, en donde la experiencia del trabajo y del trabajador social sean clave en la intervención social, entendida esta como la acción que “permite movilizar resistencias y nuevas posibilidades, así como hacer visibles problemas sociales; puede constituirse en un vehículo de luchas que propendan por la integración y reconstrucción de lazos sociales debilitados y, desde estas posibilidades, emerger como un intersticio de libertad desde el que es posible modificar situaciones sociales” (Sáenz 2007).

Entre los atributos que han sido destacados por diversos autores al trabajo y trabajador social, destacan los siguientes: compromiso con el bien público y respeto a la autonomía (Salcedo 2010); impulso de valores como el servicio, la justicia social, la dignidad y el valor de la persona, reconocimiento de la importancia de las relaciones humanas e integridad, y facilitador del desarrollo de potencialidades y capacidad para abocarse a la prevención de problemáticas sociales (Eroles 1998); promover y fundamentar políticas sociales de acuerdo con las necesidades y demandas colectivas (Escuela Nacional de Trabajo Social 2009); reconocimiento de las características únicas de cada persona, facilitador de la expresión libre de los sentimientos, controlar sus emociones en la relación con los “otros” actores, aceptación de las personas sin enjuiciarlas y respetar la autodeterminación y la confidencialidad (Biestek 1957, en Cabello y Lobo 2012).

El estudio del retorno y sus especificidades

Para analizar el retorno es importante considerar diferentes elementos que se relacionan con el aquí, el ahí, el allá, el acá o, dicho de otra manera, con el lugar de origen, el lugar de residencia y el “nuevo lugar de origen”; pero también con el ayer, el hoy y el mañana, y no como un hecho lineal ni concluyente sino como una parte del proceso migratorio. De igual manera, es fundamental contemplar aquellos elementos que identifican la migración de retorno como su carácter involuntario o voluntario, la heterogeneidad en los perfiles del migrante, los discursos que los criminalizan tanto en Estados Unidos como en México, las prácticas de rechazo y también las redes de apoyo por parte de organismos internacionales, instituciones gubernamentales, grupos religiosos y miembros de la sociedad civil.

La literatura ha generado diversas tipologías para el estudio de la migración de retorno mismas que están vinculadas con las razones de la partida y del retorno, el periodo de estancia en el lugar que no era su lugar de origen y en el que sí lo fue, o bien, con la manera como es gestionada la migración (Jauregui y Recaño 2014), en este sentido se puede hablar de retorno forzado o involuntario, que está conformado por los migrantes que fueron sujetos a remoción o recibieron orden de retorno por no contar con documentos para residir en el país y de retorno voluntario, decisión que puede tener diferentes motivos, (Jacobo y Cárdenas 2018), el retorno transgeneracional que se refiere al retorno no de aquellos que emigraron, sino a sus hijos, nietos y resto de su descendencia, el retorno del migrante temporal, que aplica a los trabajadores inscritos en programas de trabajo transnacionales que al finalizar su contrato tienen que regresar a su país de origen, el retorno fracasado, de aquellos que por diversas circunstancias no consiguieron alcanzar sus objetivos, o quienes sí lo alcanzaron y decidieron tener un retorno exitoso (Gandini et al. 2015) y, finalmente, el retorno programado por los propios gobiernos (Durand 2006).

Contexto de retornados a México

La deportación, una de las acciones más perversas de la política migratoria, socava a las familias, sobre todo a aquellas que habitan en el sur global y que tienen familiares en el norte global. Tal es el caso de las familias que son divididas entre México y Estados Unidos. Según datos del Pew Research Center, en 2017, el número de mexicanos indocumentados que vivían en Estados Unidos era de 4.9 millones. En ese mismo año fueron deportadas a nuestro país 192,334 personas, de las cuales, el 83% habían vivido en Estados Unidos por más de 10 años.

Es solo recientemente que el número de deportados es mayor al número de personas que emigran a Estados Unidos, esto como consecuencia directa del endurecimiento de la política migratoria estadounidense y de su crisis económica. A lo largo de la historia, se tienen registros de deportaciones masivas implementadas por diferentes presidentes de Estados Unidos, Herbert Hoover (1929-1933), después de la recesión de 1929, ordenó la deportación masiva de mexicanos culpándonos de la gran depresión que sufría Estados Unidos y de los altos índices de desempleo (Cavendish 2003, 258); Dwight Eisenhower (1953-1961) llevó a cabo la operación Wetback en 1954 deportando a más de 13 millones de mexicanos; William Clinton (1993-2001) deportó a 12.3 millones y en este periodo se reforzó la seguridad en la frontera con las operaciones Hold-the-Line y Gatekeeper para evitar la entrada de personas sin documentos (Meza 2014), mientras que Barack Obama (2009-2017) repatrió a 2.8 millones de personas a México (Jacobo y Cárdenas 2018) y durante su periodo se expandió el programa Secure Communities, que había iniciado George Bush en 2008, un programa de deportación no fronterizo sino desde el interior del territorio de los Estados Unidos, lo que genera problemáticas más complejas pues responde a poblaciones con mayor tiempo de residencia en Estados Unidos. De acuerdo con Calva y Alarcón, “en 2017 se registraron 95 mil eventos de deportación de migrantes que ya residían en Estados Unidos, un incremento de 93% respecto de lo registrado en 2016. Por lo que puede afirmarse que a un año de iniciado el periodo presidencial de Trump ya se registra un efecto de su política de ‘cero tolerancia’” (2018).

Existen diversas modalidades bajo las cuales el Department Homeland Security⁹ deporta a las personas migrantes, estas incluyen desde el regreso informal y sin consecuencias tras una breve detención en la frontera, hasta la deportación oficial por decisión de un juez de migración. Esta modalidad conlleva penas severas si la persona es sorprendida intentando regresar. Dependiendo de las circunstancias, una persona deportada puede perder la posibilidad de solicitar entrar de manera legal a Estados Unidos durante un periodo determinado o de manera permanente. Los migrantes deportados que reinciden pueden ser acusados de delitos que conllevan hasta 20 años de prisión (Baker 2017).

Las personas migrantes que son deportadas de manera “voluntaria” después de ser aprehendidos se consideran “retornados” (returned).¹⁰ Quienes son deportados después de un proceso que resulta en una orden oficial se consideran “removidos” (removed). Entre 2009 y 2016 (años fiscales), el número de mexicanos retornados descendió de manera constante, de casi 470,000 a 37,000. Mientras tanto, el número de migrantes removidos aumentó de poco más de 276,000 en 2009 a más de 300,000 en 2013, descendiendo a poco más de 245,000 en 2016 (DHS 30 de noviembre de 2017). Como se ha señalado, las remociones implican serias consecuencias administrativas o penales si el migrante intenta regresar a Estados Unidos de manera indocumentada, endureciendo los controles fronterizos.

El retorno forzado se presenta cuando el individuo en un proceso de movilidad regresa a su comunidad de origen, ya sea obligado por el sistema de usos y costumbres, por cuestiones de salud o porque exista una deportación al no cumplir con los requisitos legales de estadía en el país de destino, ya sea de la familia en conjunto o de alguno de sus miembros (Reyes 2013). El retorno forzado conlleva procesos de desintegración, duelo, exclusión, desigualdad y crisis.

Alanís Enciso, en su libro Que se queden allá. El gobierno de México y la repatriación de mexicanos de Estados Unidos (1934-1940), expone las razones por las cuales el gobierno no tomó, en esos años, medidas radicales para apoyar el retorno, análisis que nos lleva a reflexionar sobre lo que se está haciendo actualmente respecto al tema del retorno. El autor planteó tres características: la primera es por el temor a las consecuencias sociales, económicas y demográficas de repatriación, por lo que las propuestas para recibir a la población en retorno son permeadas por esta idea; la segunda, tiene que ver con una política que se caracteriza por reaccionar a las circunstancias; en tanto el gobierno de Estados Unidos no provoque un retorno masivo, el gobierno mexicano no elaborará planes de contingencia ni asumirá una política de prevención; por último, las prioridades gubernamentales se centran en otros aspectos, por lo que el gasto de recursos de retorno e integración es algo secundario.

Si bien el gobierno mexicano ha creado mecanismos para atender a los migrantes retornados, estos no han sido ni siguen siendo vastos ni del todo eficientes. Pombo et al. (2016) lo plantea como un problema de déficits institucionales, refiriéndose a estos como un resultado de la falta de vinculación entre el diseño de las políticas en el centro y su ejecución en las fronteras, problemas entre la coordinación inter e intrainstitucional, falta de claridad o de continuidad en las políticas de control y verificación migratoria, y la escasez de recursos materiales y humanos en la implementación de una política y gestión migratoria acordes con los derechos humanos. Qué mejor ejemplo de lo anterior que la propia Ley de Migración, misma que no contempla la migración de retorno, la Unidad de Política Migratoria reconoció que “será necesario seguir trabajando en el desarrollo de una normatividad que aborde la realidad del fenómeno migratorio de manera integral” (UPM 2013, 9). Otro de los mecanismos, es el artículo 81 de la Ley General de Población, la cual señala como repatriados a “los emigrantes nacionales que vuelvan al país después de residir por lo menos dos años en el extranjero”.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Migración, este cuenta con el Programa de Repatriación que “ofrece a los connacionales repatriados de Estados Unidos información, orientación, alimentación, canalización a albergues, atención médica, llamadas telefónicas a familiares, traslados y mucho más”.¹¹ En 2007, dicha instancia creó el programa de Repatriación Humana (PRH) para remplazarlo en 2014 por el programa Somos Mexicanos. Dicho programa, en 2012, contó con un presupuesto de $11.9 millones, aproximadamente se destinaban $44 pesos por persona, lo cual resulta ser una mofa por parte del gobierno mexicano hacia las personas deportadas. En 2019, con la nueva administración, dejó de operar el programa. Actualmente, a través del Programa de Repatriación, la población retornada, recibe apoyo en tres diferentes etapas: la salida, la recepción y la reintegración.¹²

Por su parte, la Secretaría del Trabajo emprendió el programa Repatriados Trabajando,¹³ mismo que dejó de operar en febrero de 2019. El Fondo de Apoyo a Migrantes inició en 2017, sin embargo, en 2019 ya no se destinaron recursos. José Martín Carmona, titular de Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam), manifestó lo siguiente: “Sabiendo que fue eliminado en este año el Fondo de Apoyo a Migrantes, recuerdo que en diciembre de 2018 viendo lo que se avecinaba y las caravanas que ya estaban, junto con la intención de Estados Unidos de expulsar a más de dos millones de mexicanos, habíamos manifestado la necesidad de aumentar el FAM a mil 500 millones de pesos… pero ni siquiera repitieron los 300 millones de 2018 y quedamos en cero presupuesto.”¹⁴ Hoy en día, esta Coordinación ya no existe.

En cuanto a la participación del gobierno de la Ciudad de México, un programa que toma en cuenta a la población migrante en retorno es el Seguro de Desempleo. Este programa tiene como objetivo:

Todo esto se pretende cumplir con un apoyo económico de $2,568.50, otorgado mensualmente por seis meses.

Por su parte, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias y el Instituto de Capacitación para el Trabajo, a través de la Coordinación de Migrantes, ofrecen capacitaciones para el trabajo, de la cual destacan las siguientes: elaboración de pan y repostería, armado y mantenimiento de drones, preparación de bebidas con base de café, reparación de celulares, atención de comensales y preparación de habitaciones para alojamiento temporal.¹⁶

Como parte de las actividades que la Coordinación¹⁸ realiza de manera permanente, se encuentran las asesorías, en su mayoría sobre doble nacionalidad y obtención de documentos de identidad, se otorga información acerca de los programas a los que pueden acceder según el perfil de la persona, en ocasiones, cuando esta lo requiera, se hacen canalizaciones a albergues de la sociedad civil, pero no se dan acompañamientos personalizados, ya que la Coordinación no cuenta con mucho personal. En caso de requerirse algo muy específico, ya se hace la canalización con abogados, psicólogos o el profesional capacitado para prestar la atención, dependiendo de la necesidad que presente la persona. Cabe hacer mención que de las quince personas que integran la Coordinación, solo dos de ellas son trabajadores sociales.

En cuanto al tema de la educación, de acuerdo con la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México, 2018-2019, en el numeral 64, llamado Expediente Escolar, se mencionan los documentos que los candidatos a ingreso en escuelas públicas de la Ciudad de México deben presentar, entre esos documentos se solicita: copia fotostática del acta de nacimiento o documento legal equivalente.¹⁹ En ese mismo numeral se encuentra la siguiente información: “En caso de no contar con alguno de estos documentos, el personal directivo del plantel educativo deberá inscribir al aspirante nacional o extranjero, en tanto el padre, madre de familia o tutor confirme la inscripción o reinscripción firmando el formato denominado ‘INS-10 Solicitud de Inscripción o Reinscripción’, requisito mínimo indispensable en el expediente del alumno. La falta de documentación no será obstáculo para el ingreso de los alumnos a los servicios educativos”. Por lo que podemos decir que el ser migrante no condiciona la posibilidad de entrar a estudiar el nivel básico de estudios, sin embargo, una limitante para la incorporación a las escuelas, podría ser el idioma.

De acuerdo con las proyecciones que se hacen en el Anuario de Migración y Remesas México 2019,²⁰ para el año 2020 los estados que presentarán mayor emigración son Guanajuato, Michoacán, Puebla, Jalisco y Oaxaca, sin embargo, no todos ellos cuentan con programas de atención a personas deportadas, que en teoría tendrían que volver a su estado de origen. De estos cinco estados, solo Puebla tiene un manual que describe las formas en las que se puede apoyar a la persona deportada en ámbitos sociales, laborales, educativos y de salud, por su parte, Jalisco ofrece servicios en educación y en la integración en un programa de proyectos productivos. Los otros tres estados encaminan sus esfuerzos en dar atención a los migrantes en territorio extranjero, con énfasis en Estados Unidos.

Por otro lado, los programas en territorio mexicano que están enfocados a la población de retorno giran en torno a las asesorías o apoyos económicos para proyectos productivos, pero no van encaminados o con un enfoque específico al apoyo para la reinserción, reintegración o integración a las comunidades de origen (Valdivia, Sánchez y López 2019).

Este contexto de incertidumbre generado por las mismas políticas de Estado es el que permea la vida cotidiana de las personas retornadas que llegan a México. Ana Laura, mujer deportada, en estos últimos años ha lidiado con las consecuencias de las fallas en las políticas migratorias y sociales vinculadas al retorno y, por otro lado, también ha buscado la forma de ser resiliente, por lo que esa incertidumbre paulatinamente ha ido convirtiéndose en certidumbre, lo que ha contribuido a una mejoría en su bienestar como persona.

Para explicar el caso del proceso migratorio de retorno de Ana Laura, nos apoyamos en la teoría de las redes. A continuación, exponemos la forma en la que, para usos de este artículo, entenderemos como teoría de redes.

¿Qué son las redes sociales?

En términos analíticos, una red social es una estructura social compuesta por un conjunto finito de actores y configurada en torno a una serie de relaciones entre ellos, que se puede representar en forma de uno o varios grafos. Los grafos se componen de nodos que representan actores y aristas que representan las relaciones entre ellos. Un tercer elemento de las redes es el límite de la red. El límite es el criterio mediante el cual se determina la pertenencia -o membresía- de un actor a la red; en otras palabras, el criterio por el cual definimos un conjunto particular de actores (y no otros) que configuran nuestra red.

En términos teóricos, las redes conforman contextos de comunicación e intercambio entre actores, configuran pautas operativas, normas y valores que condicionan la conducta de los actores en ellas, y posiciones funcionalmente diferenciables que son clave para entender el comportamiento de los actores dentro de cada red y el desempeño de la red en su conjunto. Los patrones de comportamiento e interacción dentro de las redes guardan una estrecha (pero no evidente) relación lógica con el sistema de relaciones que las configuran y con las posiciones funcionales diferenciables a su interior. La posición de los actores dentro de la red constriñe su comportamiento, su capacidad y horizonte de acción, y su acceso e influencia sobre los recursos e información que se distribuye dentro de cada red.

Redes migratorias

Las redes migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen o en el de destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica o alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas maneras, lo cual facilita la migración al reducir sus costos y la incertidumbre que frecuentemente la acompaña (Massey 1998). Las redes también pueden inducir a la emigración a través del efecto demostración. En el caso de Ana Laura, al encontrarse viviendo en Jalisco, se percató de que migrar era algo muy común. Las personas a las que conocía tenían uno o varios familiares en el país vecino, sobre todo en la ciudad de Chicago. Al hacer un balance de su situación económica y emocional, y de las posibilidades que tenía de poder emprender un proceso migratorio, decidió preguntarle a uno de sus amigos sobre quién podría darle información para migrar hacia Estados Unidos. Esta persona la puso en contacto con el individuo que la acompañaría para cruzar la frontera norte de México. Al llegar a Chicago, ella conoció a una mujer originaria de la Ciudad de México, quien la apoyó para conseguir trabajo; años después, al ser retornada a México, su principal apoyo fueron los amigos que había hecho tiempo atrás, quienes le ofrecieron ayuda para alojarse en un lugar digno y seguro, sin pagar rentas excesivas.

Con este ejemplo, podemos observar que las redes migratorias pueden ser vistas como una forma de capital social, en la medida en que se trata de relaciones sociales que permiten el acceso a otros bienes de importancia económica y emocional. Este punto de vista fue sugerido, por primera vez, por Douglas Massey (1987). Asimismo, en este amplio marco pueden tener cabida, como se ha señalado, otras instituciones que actúan de intermediarias -desde redes de contrabando a organizaciones de carácter filantrópico o humanitario- que, con distintos propósitos y objetivos, ayudan a los migrantes a superar las dificultades de entrada. Sin embargo, la inclusión de estas instituciones en la noción de capital social, que se nutre de lazos interpersonales, no parece tan clara como en el caso de las redes.

De acuerdo con Faist (1997), las redes constituyen un nivel relacional, intermedio entre el plano micro de la adopción de decisiones individuales y el plano macro de los determinantes estructurales.

De acuerdo con Wu y Sheehan (2011), la mayor vulnerabilidad de los recién llegados o migrantes nuevos, es el resultado, entre otros factores, del aislamiento social. Siguiendo esta misma idea, Díaz y McLaughlin (2016) identificaron que la deslocalización y la falta de redes, de igual manera, incrementa la vulnerabilidad. Ana Laura tuvo la oportunidad de apoyarse en las redes que había construido hace años y que seguían estando activas, sin embargo, muchas otras personas retornadas no cuentan con esas redes. Falazmente, se podría pensar que las personas deportadas o retornadas al lugar donde nacieron cuentan con redes y que el tema del aislamiento social no tendría que ser un factor del cual preocuparse en su intento por reintegrarse sin problemas a la sociedad. Pero para el caso de México, lugar de nuestro estudio, la diversidad de las personas que han sido deportadas o retornadas es sumamente diverso. De hecho, muchas de ellas, justamente como consecuencia de la falta de redes sólidas, enfrentaron situaciones de marginación y exclusión social que las llevó a migrar, sumando que a su regreso las redes se disiparon o migraron.

Con la heterogeneidad que presentan las personas que están regresando a México, es importante incluir al trabajador social en los procesos de integración, ya que como especialista cuenta con la capacidad de entender la situación biográfica de cada migrante que define su modo de ubicar el escenario de la acción, interpretar sus posibilidades y enfrentar sus desafíos, que a su vez le genera experiencias subjetivas, permitiéndole disponer en cualquier momento de su vida del acervo de conocimiento a mano, aprendido desde la infancia y durante su curso de vida, experiencias que le darán las herramientas para crear un plan de intervención de acuerdo con las necesidades y expectativas de la persona retornada.

En este sentido, siguiendo a Neymeyer (2002) el sujeto debe reconstruir sus significados a partir de la construcción y reconstrucción narrativa dentro de una red social, es decir, experimentar el duelo (De la Paz y Díaz 2013). Por lo que la participación de las personas retornadas en México en colectivos y organizaciones de la sociedad civil ha constituido una alternativa cada vez más plausible de entretejer y potenciar las sinergias que esta población ostenta. Diversos proyectos que apuntan a la atención y ayudan a personas migrantes deportadas tienen escenario en distintos puntos de México.

El caso de Ana Laura: impactos y retos en contextos de deportación

Para Ana Laura, hablar de la deportación o retorno forzado, definitivamente es hablar de un hecho que impacta de diferentes maneras a la persona afectada, una de ellas de manera directa, pero también es innegable hablar de los daños colaterales y la afectación que la deportación causa en el círculo familiar.

Ana Laura vivió cerca de 16 años de manera indocumentada en la ciudad de Chicago, a pesar de su situación migratoria, consiguió adaptarse al país de buena manera; trabajaba, tenía vida social, una familia y una vida rutinaria que se desenvolvía con naturalidad y tranquilidad, en poco tiempo logró tejer redes que le permitían desarrollarse hasta cierto nivel en diferentes ámbitos.

En Estados Unidos aprendió a manejar y jamás tuvo una violación de tránsito, pagaba impuestos y nunca cometió delito alguno, sin embargo, no tuvo la oportunidad de regularizar su estatus migratorio. Debido a esto empezó a encontrar dificultades en la parte laboral, lo cual la motivó a buscar alternativas para cambiar su situación. Eventualmente fue detenida, deportada y penalizada sin poder regresar a Estados Unidos en un plazo de 20 años.

Ana Laura considera que el primer impacto negativo que recibe la persona deportada es el emocional, ese choque que la enfrenta a un rompimiento abrupto y repentino con su propia cotidianeidad y núcleo familiar, afectación en la que se ve envuelta también la familia de la persona afectada.

Los impactos emocionales que la deportación causó en su vida fueron fuertes, sobre todo en los primeros días y meses a partir de su regreso, ya que el proceso de asimilación y adaptación es muy complejo; dolor, coraje, culpa, inseguridad, frustración, depresión y ganas de quitarse la vida fueron los sentimientos que enfrentó y de los que le ha costado mucho desprenderse en los tres años que han transcurrido desde aquel 30 de septiembre del 2016, día en que fue deportada.

Ana Laura ha lidiado con los altibajos emocionales, con la burocracia mexicana y con la indiferencia de gran parte de la sociedad mexicana ante su situación; de igual manera ha tenido que aprender a vivir separada de sus hijos. Considera que el tema de la separación familiar es el más difícil que enfrenta una persona deportada. Ha tenido que aprender a ser una mamá a distancia y buscar alternativas para seguir manteniendo comunicación con sus dos hijos adolescentes que permanecen en Chicago, también le tocó enfrentar la difícil decisión de evaluar qué era lo más conveniente para ellos, si traerlos a México o que permanecieran en Estados Unidos; después de haberlo pensado mucho, la decisión fue que lo mejor era que siguieran con su vida y escuela allá, aunque sin la presencia de ella.

Familias separadas abruptamente son la nueva realidad que enfrentan muchas personas, entre ellas Ana Laura, quien nunca recibió acompañamiento emocional, pero que considera indispensable para las personas deportadas y también para aquellas que se quedan en Estados Unidos. Como vimos anteriormente, es mucho más eficiente enfrentar el proceso de deportación si se cuenta con redes de apoyo. A su vez, permiten una mejor integración a la comunidad de llegada.

Otro de los elementos fundamentales en la comprensión de los impactos de la deportación es la reflexión que lleva a verla como un proceso que incluye la detención, el tiempo en el centro de detención y el retorno.

Las formas de detención pueden ser muy variadas, estas pueden presentarse desde espacios privados como el hogar del migrante, hasta en espacios públicos como en sitios de trabajo y de convivencia, pero, definitivamente, cualquiera que sea la forma, causa un trauma en la persona y en ocasiones en las familias cuando son testigos de tal situación.

En un alto porcentaje, las personas deportadas enfrentan un proceso que los llevará a estar en centros de detención por tiempo indefinido, mismo que puede ir de un par de semanas hasta varios años. El trato y las violaciones a los derechos humanos que se pueden encontrar en estos lugares definitivamente marcan la vida de las personas.

Acontecimientos que más adelante influyen en los procesos de reintegración. Entendida esta como una parte fundamental en la comprensión del retorno de las personas migrantes, ya que las habilita y las protege, para dar respuesta a las situaciones que se les presentan en su nuevo contexto de vida. Proporcionándoles las herramientas y la ayuda necesarias para su reinserción en la sociedad del país de origen, al tiempo que contribuye a la sostenibilidad de la persona retornada. Esta reintegración está dividida en tres dimensiones: económica, social y psicosocial (Fonseca, Hart y Klink 2015).

El caso de Ana Laura es un poco distinto al de la mayoría de las personas, ya que ella, en su intento por regularizar su situación migratoria, tomó la decisión de salir de Estados Unidos con el objetivo de iniciar dicho proceso desde México. Nunca imaginó lo que pasaría en esa fecha y los acontecimientos posteriores, lo que parecía un viaje normal para cambiar su estatus migratorio, terminó en su propia deportación.

Aquel día hizo todo el procedimiento de un viaje normal, documentó su equipaje, pasó la revisión de seguridad y, junto a la fila de abordaje donde había ya solo unas tres personas, estaban parados, a cada lado de la puerta del avión, dos oficiales de migración. No era una redada, no estaban deteniendo a cada persona, iban por ella. Fue un proceso muy rápido, donde no se le permitió hacer alguna llamada ni ser asistida por algún abogado de migración.

Por mucho tiempo se ha sentido culpable de haber tomado esa decisión, considera que prácticamente ella se entregó a las autoridades. Todo apunta a que el activismo que realizaba en Chicago fue el motivo para estar en una lista de personas deportables. Cabe mencionar que hasta hoy no ha conocido otro caso igual al suyo y de alguna manera todas estas circunstancias fueron motivos para impulsarla a crear el Colectivo Deportados Unidos en la Lucha (DUL).

El regreso a México puede convertirse en un verdadero infierno para las personas ya que, desde el momento en que llegan, se encuentran con barreras burocráticas y diversas problemáticas que en los diferentes casos de deportación se repiten. Algunos de los problemas ya identificados son los siguientes: dificultad de acceso a documentos de identidad, imposibilidad para encontrar trabajo, limitaciones para poder incorporarse al sistema educativo, impedimentos para tener acceso a vivienda temporal o permanente, falta de seguridad en los mecanismos de deportación (actualmente todas las deportaciones se llevan a cabo vía terrestre a través de los 11 puntos fronterizos, lo que coloca a la población deportada en una situación de riesgo muy alta) y separación familiar, entre muchos otros. Por lo anterior, Ana Laura considera que se puede hablar de cuatro barreras que entorpecen el proceso de reintegración de la gente deportada: barreras emocionales, estructurales, culturales y sociales.

En el caso de Ana Laura, la problemática que mayor la aqueja es la de la separación familiar. Los gobiernos de México y Estados Unidos están en la indiferencia total ante esta situación que sin duda tendrá repercusiones en los tejidos sociales y familiares a corto, mediano y largo plazo. La persona deportada y la familia en algún momento tendrán que enfrentar la difícil situación de reunificarse en México, lo que conlleva un proceso burocrático y de acoplamiento social, cultural y de lenguaje para los hijos nacidos o criados en Estados Unidos, o bien un proceso de toma de decisiones vinculado con la separación de la familia, lo que se traduce al reto de ejercer una maternidad o paternidad a distancia, donde mantener la comunicación y lazos afectivos puede resultar muy complicado. En otro panorama existen los padres o madres que ejercían la custodia de sus hijos y que, al momento de ser deportados, los hijos pueden quedar bajo la custodia del Estado si no se tomaron las medidas correspondientes, por lo que resulta muy complejo y agotador el proceso de recuperación de la custodia.

Actualmente, miles de familias binacionales, mixtas y ahora separadas, enfrentan graves problemas que ninguno de los dos gobiernos quiere ver, ni aceptar. Se tiene poca información estadística al respecto, sin embargo, con lo que se cuenta refleja lo grave del problema. “Entre 1998 y 2007, según un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés [Department of Homeland Security]), 108,000 padres indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses fueron deportados (González 2012). Ese número constituyó 8% del total de repatriaciones forzadas para ese periodo. En contraste, en el año 2013, la población de padres indocumentados con al menos un hijo ciudadano conformó 15% de las 438,421 deportaciones, lo que equivale a la expulsión de 72,410 madres y padres del país (Foley 2014). Un año después, la población de padres removidos llegó a constituir casi 20% del total de las deportaciones, la mayoría detenida en el interior del país (Foley 2014).

Estas deportaciones afectan a un gran número de niños y niñas. Aproximadamente 5.5 millones de menores viven con un padre o una madre con un estatus migratorio irregular (casi una décima parte de todos los niños en Estados Unidos); 4.5 millones de estos menores son ciudadanos (Foley 2014; Women’s Refugee Commission 2010, 4). Además, se estima que, por cada dos adultos deportados, un menor se verá afectado. La desaparición de los padres expone a los hijos a futuros inciertos de cuidados improvisados. En noviembre de 2011, más de 5,000 niños y niñas de padres detenidos o deportados vivían en hogares de cuidado temporal, esto es, casi 1.25% de los aproximadamente 400,000 niños en cuidado temporal en el país (Wessler 2011, 6 en Ruiz 2017).

Ante este panorama, la manera de responder desde la comunidad deportada ha sido la vía de la organización desde lo local, con miras a tener un impacto global. Se ha comprobado lo potente de ser una comunidad organizada capaz de tejer redes transnacionales para poder actuar en casos puntuales, pero con expectativas de crear cambios estructurales y sistemáticos que den soluciones a todas las problemáticas de las y los deportados y sus familias.

El soporte del trabajo social en asuntos migratorios, un compromiso pendiente

Los trabajadores sociales, de acuerdo con su formación teórica, metodológica y práctica, y demás características que mencionamos anteriormente, son agentes que a través de la intervención social, pueden contribuir en la creación, aplicación y sistematización de modelos y manuales de procedimiento que pueden fortalecer los procesos internos de las instituciones o colectivos de la sociedad civil organizada y coadyuvar en el acompañamiento y atención de necesidades de los migrantes en deportación. Bajo esta misma perspectiva, el trabajador social puede intervenir en los programas, proyectos, servicios y capacitaciones que ofrece el Estado. En el caso de la Ciudad de México, la participación de estos profesionales destaca en brindar asesorías a las personas migrantes y en la aplicación de las acciones que la Coordinación de Migrantes tiene a su cargo. Por otro lado, el trabajador social, en su formación, adquiere metodologías y técnicas que facilitan la creación de redes sociales que permiten la canalización y derivación a diferentes instituciones de acuerdo con las necesidades que presenta cada individuo, mismas que tienen que ser resueltas en los procesos de reintegración de las personas deportadas y en su caso, de sus familias. La profesión del trabajo social dota a sus egresados del talento para coordinar capacitaciones, eventos de sensibilización y concientización y de apoyo en la visibilización de los deportados en México y de la búsqueda de formas para retribuirles un poco de lo que han generado durante décadas.

Es de suma importancia trabajar en el fortalecimiento de los grupos de apoyo que actualmente respaldan a la comunidad deportada, muy en especial de aquellos construidos desde los mismos actores, ya que estos grupos además de proporcionar información relevante, resultan un espacio seguro desde donde se puede iniciar el proceso de reintegración.

En la Ciudad de México existen contados colectivos o asociaciones que se dedican a dar acompañamiento a los migrantes deportados, tal es el caso de DUL. Este fue fundado en diciembre de 2016 por personas mexicanas deportadas de Estados Unidos al percatarse de las dificultades comunes que ellas enfrentaron a su llegada a México, como la falta de documentos de identificación, la escacez de redes sociales y la desorientación para moverse a través de la ciudad, entre otras. Estas personas se organizaron en un colectivo para atender y brindar acompañamiento a migrantes deportados, con el objetivo de disminuir los impactos generados por la deportación (op. cit.; Valdivia, Sánchez y López 2019).

Los autores de este texto tuvimos la oportunidad de colaborar con DUL, a través de la materia de intervención social, impartida en la maestría en estudios sobre migración, de la Universidad Iberoamericana. Nuestra experiencia como trabajadores sociales nos permitió contribuir en el proceso de fortalecimiento institucional del colectivo, a partir de la creación de un manual de procedimientos que plasmó la historia de DUL, identificó los procesos de acompañamiento que realizan, evidenció las redes con las que el colectivo cuenta, así como también describir las actividades que desarrollan en los proyectos productivos (deportados Brand), y la forma en la que inciden políticamente. Cabe mencionar que el trabajador social también cuenta con las habilidades de trabajar en equipo de manera interdisciplinaria, ya que este manual reunió a profesionales del área de psicología y sociología, lo que permite que los resultados del trabajo se enriquezcan por medio de los saberes y experiencias de cada miembro del equipo.

Durante esta vinculación que tuvimos con DUL, coordinamos la presentación del documental “Sueños Desplazados. Sí hay vida después de la Deportación,” filme en el que los protagonistas son algunos miembros de DUL. Este evento se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana y se trabajó en conjunto con el departamento de diseño de indumentaria y moda de la misma Universidad. Las alumnas de esta licenciatura hicieron una representación de las personas migrantes deportadas a partir de los costales que pertenecían a las personas que fueron deportadas, estos últimos eran en donde guardaban sus prendas durante el proceso de detención y que fueron canjeadas por mochilas al arribar a la Ciudad de México, por medio de los miembros de DUL, como un intento de dignificar su llegada a México. En este mismo evento, se hizo la presentación del manual de procedimientos.

Las actividades realizadas son muestra de cómo los profesionales en trabajo social pueden contribuir al fortalecimiento de los grupos que están trabajando a favor de la población retornada, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación que ofrece la licenciatura y los programas de posgrado. Es importante destacar que aunque se tengan este tipo de prácticas, aún queda mucho por hacer.